Suspensión del decreto de emergencia económica pone en riesgo el suministro eléctrico en la región Caribe

El Ministerio de Hacienda advirtió sobre los posibles efectos de la suspensión provisional del decreto de emergencia económica en el suministro eléctrico de cerca de cinco millones de personas en la región Caribe, debido a la delicada situación financiera de la empresa Air-e. Gremios y autoridades han señalado la necesidad de buscar mecanismos justos para afrontar la crisis. El viceministro técnico de Hacienda, Leonardo Pozos, indicó que la decisión de la Corte Constitucional podría generar un déficit de recursos para el saneamiento financiero de la compañía, lo que derivaría en problemas en la prestación del servicio eléctrico. “El Gobierno buscaba recaudar cerca de $11,1 billones en 2026 mediante nuevos impuestos. La suspensión del decreto implica una pérdida de ingresos que obligará a realizar ajustes significativos en el gasto público”, explicó. Según Pozos, “aproximadamente cinco millones de personas en tres departamentos de la Costa Caribe podrían verse afectadas por la falta de suministro eléctrico al no implementarse las medidas de alivio financiero contempladas en la emergencia económica”. Cabe recordar que las obligaciones financieras de Air-e ascienden a $2,5 billones con otros actores del sector eléctrico. Posición de gremios y expertos Algunos gremios del sector energético respaldaron la decisión de la Corte Constitucional, enfatizando que existen mecanismos ordinarios para enfrentar la crisis financiera. La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), a través de Natalia Gutiérrez, señaló que la suspensión del decreto era necesaria para evitar perjuicios irremediables y destacó que “no existe una crisis imprevisible en el sector, y se cuentan con herramientas ordinarias para enfrentar los retos presupuestales”. Por su parte, Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), indicó que la Corte actuó “con base en la legalidad y la protección de la Constitución” y resaltó que la crisis de Air-e se ha profundizado por la gestión ineficaz de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, incluyendo la salida del cuarto agente interventor en los últimos días. El presidente de la Cámara Colombiana de Energía, Jorge H. Pedraza, señaló que la suspensión del decreto representa un alivio para las empresas y contribuye a un entorno más estable para el desarrollo económico del país. Autoridades y trabajadores El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, manifestó que el decreto habría afectado la financiación de programas clave en la región, incluyendo salud, educación y deportes, mientras que la Federación Nacional de Departamentos defendió la autonomía de las entidades territoriales frente a decisiones centralizadas. Este viernes, el Sindicato de Trabajadores de Air-e realizó un plantón frente a las oficinas de la empresa en Barranquilla, ante la incertidumbre sobre el futuro de la compañía y la continuidad de la intervención. La salida del interventor Nelson Vásquez, voluntaria, dejó a la empresa con cuatro agentes interventores desde el inicio del proceso en 2024, lo que genera preocupación sobre la estabilidad laboral y operativa de Air-e.