La negativa de la Fiscalía General de suspender las órdenes de captura contra 29 cabecillas del Clan del Golfo desató un choque institucional con el Gobierno Petro

La negativa de la Fiscalía General de suspender las órdenes de captura contra 29 cabecillas del denominado Clan del Golfo desató un nuevo choque institucional con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, en medio de la política de “Paz Total”. La controversia surgió luego de que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz solicitara levantar temporalmente las órdenes de captura para facilitar el traslado de integrantes del grupo armado a zonas de ubicación temporal como parte de eventuales acercamientos con el Gobierno. Sin embargo, la fiscal general Luz Adriana Camargo decidió mantener vigentes las órdenes, argumentando que aún no existen condiciones jurídicas ni verificaciones suficientes sobre el avance real del proceso con esa estructura criminal. Tras conocerse la decisión, el presidente Petro cuestionó públicamente la postura de la Fiscalía y aseguró que “ningún funcionario del Estado puede desobedecer una orden del presidente” en asuntos relacionados con la política de paz. Además, defendió que la conducción de los diálogos corresponde directamente al jefe de Estado. El mandatario también desautorizó una resolución expedida por la delegación del Gobierno en los acercamientos con el Clan del Golfo, afirmando que esa medida no fue consultada previamente con la Presidencia. La decisión generó tensión dentro de la Casa de Nariño y obligó a reuniones urgentes entre delegados del Gobierno y representantes del grupo armado, conocido también como Ejército Gaitanista de Colombia. Este nuevo episodio vuelve a evidenciar las diferencias entre el Ejecutivo y la Fiscalía frente a los alcances jurídicos de la política de Paz Total y el tratamiento que debe darse a estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y solicitadas en extradición.