Gobierno redefine operación de EPS y ordena traslado masivo de afiliados en todo el país

El Ministerio de Salud expidió un decreto que establece nuevas reglas para la operación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en los distintos territorios del país, con el propósito de implementar mecanismos diferenciales para el aseguramiento en salud bajo un enfoque territorial y poblacional. La norma limita el número de EPS que podrán operar en cada departamento según el tamaño de la población y la participación de afiliados que tenga cada entidad en ese territorio. En consecuencia, aquellas EPS con baja cobertura deberán trasladar a sus usuarios a otras de mayor tamaño, como la Nueva EPS, Savia Salud o SOS. Uno de los puntos que más ha generado debate es que la Nueva EPS —actualmente intervenida y con dificultades financieras— tendría que recibir aproximadamente 2,6 millones de afiliados provenientes de otras entidades como Sura y Sanitas. El decreto establece categorías departamentales. En departamentos con más de dos millones de habitantes, solo podrán operar EPS que cuenten con al menos el 5 % de los afiliados en ese territorio. En departamentos con población entre 390.001 y dos millones de habitantes, el mínimo exigido será del 10 %, y en aquellos entre 100.000 y 390.000 habitantes, la participación requerida será del 15 %. Además, si en un departamento una EPS tiene menos del 3 % del total de afiliados —sumando régimen contributivo y subsidiado— no podrá continuar operando en sus municipios. El Ministerio justificó la medida como una forma de “ordenar técnicamente” el aseguramiento, generar economías de escala, prevenir riesgos sistémicos, evitar la fragmentación del servicio y garantizar atención en zonas dispersas o de baja densidad poblacional. El traslado de afiliados se realizará mediante un mecanismo de “asignación especial”, coordinado por el Ministerio y la Adres, que redistribuirá en pocos días a los usuarios de las EPS que salgan de ciertos territorios. Las EPS receptoras no podrán negarse a recibir nuevos afiliados, incluso si pertenecen a otro régimen. Quienes sean trasladados deberán permanecer mínimo 60 días en la entidad asignada antes de ejercer su derecho a la libre escogencia, salvo excepciones como reunificación familiar o comunidades indígenas. El decreto también obliga a las EPS del régimen subsidiado y a las públicas del régimen contributivo a contratar al menos el 60 % del gasto en salud con las Empresas Sociales del Estado (ESE) en los municipios donde operen. La medida generó reacciones inmediatas en el ámbito político. El representante a la Cámara Andrés Forero anunció que solicitará al Consejo de Estado abrir un incidente de desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, al considerar que el decreto reproduce disposiciones previamente suspendidas. Además, cuestionó el traslado forzoso de millones de usuarios hacia una EPS que enfrenta problemas operativos. Por su parte, el presidente Gustavo Petro defendió la decisión, argumentando que resulta costoso para el sistema mantener afiliados dispersos en regiones con baja concentración, y que una mayor territorialización facilitaría la organización de la atención primaria y la prevención, reduciendo la congestión en urgencias y los costos generales del sistema. En contraste, el exministro de Salud Alejandro Gaviria criticó la medida y expresó que trasladar pacientes a una entidad en crisis carece de justificación y podría afectar la calidad del servicio, reavivando el debate sobre el rumbo del sistema de salud en Colombia.