Empresas petroleras proponen avanzar directamente hacia la explotación comercial de yacimientos no convencionales. La iniciativa busca fortalecer la autosuficiencia energética del país, aunque todavía enfrenta retos ambientales, sociales y regulatorios.
Colombia vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de desarrollar proyectos de fracking como alternativa frente a la disminución de las reservas de gas natural y la creciente dependencia de las importaciones. Empresas del sector petrolero consideran que el país podría perforar su primer pozo bajo esta técnica en 2027.
La discusión cobra fuerza luego de que las reservas probadas de gas natural disminuyeran de 9,9 años en 2015 a 5,9 años en 2025. A esto se suma la caída de la producción nacional y el aumento de las compras de gas en el exterior.
De acuerdo con estimaciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el potencial de los yacimientos no convencionales equivale a 97 veces las reservas probadas actuales de gas natural y a más de cuatro veces las de petróleo.
La Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet) calcula que el aprovechamiento de estos recursos podría extender la autosuficiencia energética del país hasta por 70 años en gas y cerca de 16 años en petróleo.
Petroleras proponen iniciar en 2027
Las compañías GeoPark y Drummond Energy han planteado la posibilidad de avanzar directamente hacia el desarrollo comercial del fracking, sin realizar previamente proyectos piloto experimentales.
Felipe Bayón, presidente de GeoPark, aseguró que Colombia ya reúne buena parte de las condiciones necesarias para implementar esta tecnología y destacó el potencial de los recursos disponibles.
Por su parte, Alberto García, country manager de Drummond Energy, manifestó el interés de la compañía en reactivar tres contratos suspendidos de gas asociado al carbón y avanzar con la perforación de su primer pozo mediante esta técnica durante 2027.
Sin embargo, los tiempos todavía no están definidos. Desde la ANH se ha señalado que el inicio de estas actividades podría darse dentro de los próximos dos años, lo que situaría el horizonte alrededor de 2028.
Gobierno trabaja en la regulación
La Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) adelanta la actualización de los instrumentos técnicos y ambientales necesarios para evaluar y tramitar este tipo de proyectos.
Entre los aspectos pendientes se encuentran los términos de referencia y los ajustes a las metodologías de evaluación ambiental. Además, el sector empresarial reclama reglas claras para los procesos de licenciamiento, consulta previa y desarrollo de inversiones.
Los retos ambientales y sociales
Aunque la industria destaca el potencial económico y energético del fracking, su implementación mantiene abierto el debate por los posibles impactos sobre el agua, el suelo y la actividad sísmica.
Expertos señalan que es necesario contar con estudios previos, monitoreo permanente, controles técnicos y capacidad institucional para vigilar las operaciones. También advierten sobre la importancia de garantizar la disponibilidad de agua y prevenir fugas de los fluidos utilizados durante el proceso.
Otro desafío será desarrollar la infraestructura necesaria para transportar los hidrocarburos y establecer acuerdos con las comunidades de los territorios donde se adelanten las actividades.
La formación La Luna, una de las principales apuestas
Entre las zonas con potencial para la exploración de hidrocarburos no convencionales se encuentra la formación geológica La Luna, que se extiende por cuencas como el Valle Medio del Magdalena, Catatumbo y Cesar-Ranchería.
Según estimaciones citadas en el informe, esta formación podría contener hasta 18 trillones de pies cúbicos de gas natural y entre 4.600 y 8.000 millones de barriles de petróleo técnicamente recuperables.
El posible desarrollo de estos recursos mantiene el interés de la industria, que considera que Colombia podría fortalecer sus reservas, atraer inversiones y generar nuevas oportunidades económicas.
No obstante, la eventual reactivación del fracking dependerá de las decisiones regulatorias, las garantías ambientales y sociales y las condiciones necesarias para desarrollar los proyectos.
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