CNE acredita 93 auditores para supervisar simulacro de preconteo en 19 departamentos del país

El Consejo Nacional Electoral (CNE) acreditó a 93 auditores de sistemas para supervisar el simulacro de preconteo realizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, como parte de la preparación para las elecciones de Congreso programadas para el próximo 8 de marzo. Esta acreditación permitió alcanzar una cobertura territorial del 59,4 %, con presencia en 19 de los 32 departamentos del país. Los auditores, designados por seis agrupaciones políticas, tuvieron acceso a los centros de procesamiento de datos y a los puntos de digitalización distribuidos estratégicamente en distintas regiones, donde verificaron el correcto funcionamiento de los sistemas tecnológicos encargados de la transmisión y consolidación de resultados electorales. La supervisión técnica se desplegó en cinco regiones del país. En la región Central se concentró un importante número de auditores en Bogotá D.C., considerada el epicentro del monitoreo por albergar los principales centros de procesamiento. En la región Oriental se garantizó presencia en Meta, Arauca y Boyacá; en la región Caribe en departamentos como Magdalena, Cesar, Córdoba, Atlántico, Bolívar y San Andrés; en la región Pacífica en Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó; y en la región Andina en Antioquia, Risaralda, Quindío y Huila. En cuanto a la distribución por organización política, la Coalición Ahora Colombia acreditó 67 auditores; el Partido de la U, 15; el Partido Liberal Colombiano, 4; el Partido Centro Democrático, 3; la Coalición Alianza por Nariño, 3; y la Coalición Alianza Córdoba, 1 auditor. Desde el CNE se destacó que esta acreditación constituye un mecanismo concreto de control y vigilancia sobre la infraestructura tecnológica electoral, al permitir que las organizaciones políticas verifiquen de manera directa la confiabilidad de los sistemas que procesarán los votos el día de las elecciones. La entidad señaló que esta estrategia fortalece la transparencia del proceso electoral y reafirma el compromiso institucional con la legitimidad de los comicios, mediante procesos tecnológicos auditables y verificables en buena parte del territorio nacional, incluyendo grandes centros urbanos y municipios intermedios de todas las regiones del país.